La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha presentado al Consejo Asesor de Bienestar Social las propuestas para mejorar las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que supondrán la culminación del plan de choque iniciado en 2019. 

Con estas medidas, alineadas con el plan estatal en la materia, el Principado pretende adaptar los servicios a las nuevas realidades y a las demandas tanto de los profesionales como de la sociedad.

Las medidas referentes al Servicio público de Ayuda a Domicilio (SAD) son el resultado de un amplio proceso participativo iniciado en septiembre de 2021 en el marco del programa Impulsad, y que ha implicado a la Administración autonómica, las entidades locales, las empresas y las organizaciones sindicales. A partir de sus conclusiones:

- Se amplía el número de horas que podrán recibir las personas en situación de dependencia. Se estima que cerca de mil usuarios que ya reciben el servicio en su máxima intensidad, podrían verse beneficiados por este incremento, una vez entre en vigor la nueva normativa.

- Se adapta la prestación del servicio al nuevo modelo de atención centrado en la persona, promoviendo una menor rotación de los profesionales y un mejor seguimiento, a través del nuevo Programa de Atención Domiciliaria Personalizado (PAD).

- Se dignifica el propio servicio y el de los profesionales que lo prestan a través de una mejor definición de las actuaciones básicas y una mayor autonomía en la organización del trabajo (a través de grupos de trabajo o burbujas, o el establecimiento de requisitos que garanticen la calidad en el empleo).

- Se promueve la eliminación de cargas burocráticas mediante el intercambio de información entre el Principado y los servicios sociales municipales, así como una organización más eficiente.

Otra de las mejoras anunciadas en el ámbito de la atención domiciliaria es la extensión de la gratuidad del servicio de teleasistencia a personas dependientes que cuenten con una capacidad económica inferior a cuatro veces el IPREM mensual (2.400 euros). Esto beneficiaría a unas mil personas que en la actualidad pagan por este servicio.

Finalmente, se amplían los supuestos en los que las personas pueden ser atendidas en sus domicilios a través de la figura del cuidador no profesional. Estos podrán ser empleados del hogar si existe un contrato a tal efecto y un compromiso de formación para obtener la cualificación que les habilite para trabajar en el sector de los cuidados.

De esta forma, se permite también que personas que viven solas y no cuentan con apoyos familiares puedan acceder a las prestaciones del SAAD, y favorecer así la lucha contra la soledad no deseada. 

Por otra parte, y en relación con los nuevos precios públicos del servicio de atención residencial a mayores, se ha aclarado que las personas dependientes seguirán participando en su coste en función de su capacidad económica, hasta el límite del 90% del precio público. El sistema garantiza que nadie quede sin cobertura por falta de ingresos.